La Justicia de Mar del Plata aplicó una pena de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos a un policía que contribuía para la impunidad de una banda dedicada a la venta de estupefacientes.
Un policía de la comisaría sexta de esta ciudad fue condenado a seis años y seis meses de prisión por proteger a una banda de narcomenudistas que operaba en los barrios Libertad y Malvinas Argentinas cuyos miembros también recibieron importantes penas.
Al fallo, firmado por el juez Juan Manuel Sueyro, se arribó luego de un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía de estupefacientes a cargo de Leandro Favaro y las defensas, las cuales no discutieron la responsabilidad de cada uno de los ocho imputados.
Esta causa adquiere notoria relevancia porque, por primera vez en mucho tiempo, se puede certificar la convivencia policial con el negocio del narcomenudeo, el filtrado de información confidencial y la violencia en medio de la marginalidad que terminó en asesinatos.
El efectivo policial condenado a seis años y seis meses de prisión resultó ser Facundo Castaño, quien cumplía funciones en la comisaría sexta, una de las dependencias con jurisdicción más conflictiva de Mar del Plata.
Además recibió siete años y dos meses de prisión Fabián Barraza, cuyo rol dentro de la organización resultó ser la del líder, de acuerdo a lo investigado por el fiscal Favaro y por la misma policía. Barraza integraba el grupo familiar conocido en el barrio Libertad como “Los Olea”, ya que era pareja de Yésica Olea, condenada a seis años y seis meses de prisión. Sus hermanas Karen y Carolina recibieron seis años y cuatro meses de prisión, mientras que Evelyn Barraza y María Fernanda Galván recibieron cuatro años y cuatro años y tres meses de prisión respectivamente.
Por último, a Santiago Castillo le aplicaron una pena de cuatro años de prisión.
Todos ellos cumplían distintos roles en la célula familiar de narcomenudeo que tenía como puntos de venta en viviendas de República Árabe Siria 1134 y 941, además fraccionarla en otra de República Árabe Siria 980.
Castaño se encargaba de brindar protección y cobrar a cambio una suma que indexaba según la inflación.
La forma en la que el ahora ex policía Castaño fue descubierto reune circunstancias cinematográficas e incluyen en la historia a Sergio Chávez, el preso que murió días atrás dentro del penal de Batán, donde estaba detenido por un asesinato perpetrado en el mismo barrio Libertad.
La investigación
Después de que se frustraran algunas investigaciones, en marzo de 2021 el fiscal Favaro y un cuerpo selecto de policías elegidos especialmente para evitar filtraciones, allanaron los domicilios la calle República Árabe Siria. Era la segunda vez en pocos días que esas casas recibían la irrupción policial. Antes el resultado había sido tan mal y era tan evidente que estaban avisados que los miembros de la banda los esperaban tomando mate.
Fue entonces que ese 17 de marzo de 2021 la policía allanó los tres domicilios y detuvo a la mayoría de los involucrados excepto a Barraza, quien sugestivamente no estaba. El motivo por el cual estaba alertado el líder de la banda surgió de un elaborado análisis de los 17 teléfonos secuestrados. En uno de esos dispositivos había conversaciones entre Barraza y un tal “Facu” en las que se confirmaba que “Facu” era un policía que brindaba protección e informaba sobre procedimientos policiales a la banda.
El obstáculo para saber quién era “Facu” apareció en que dicha línea estaba inscripta a nombre de una persona ficticia. Pero los investigadores analizaron charla por charla, hasta que encontraron una en la que Barraza comentaba sobre la denuncia que le había hecho a Sergio Chávez, al que acusaba de haberle tiroteado la casa. Además, Barraza le entregaba a “Facu” datos del lugar en donde Chávez supuestamente se ocultaba (en ese momento estaba prófugo por otras causas). “Facu”, en tanto, le aconsejaba a Barraza sobre cómo reforzar la denuncia para que la fiscalía saque rápido allanamientos.
Favaro y su equipo de trabajo accedieron a la denuncia contra Chávez en donde se destacaba el testimonio de un policía. Ese policía aseguraba que había tomado conocimiento del domicilio donde se ocultaría Chávez por dichos de Barraza, en una reproducción casi textual de los mensajes. Ese policía era Facundo Castaño, quien, no obstante, tenía otra línea telefónica, diferente a la empleada en la comunicación de “Facu” con Barraza. Una vez más, la sagacidad investigativa cerró el misterio: el aparato telefónico de Castaño había sido usado con la SIM de la otra línea el mismo día de las comunicaciones con Barraza.
Otro de los pasajes más reveladores de la investigación fue en el que el “puntero” le pedía al policía Castaño que lo ayudara a frenar la competencia, y señalaba que el “point” de 212 y Chacabuco se le estaba llevando sus clientes.
En otro de los intercambios de mensajes el policía pedía un aumento en su mensualidad para poder seguir dando el servicio de protección.
Los crímenes
El “point” de los Olea estuvo involucrado de manera lateral en el homicidio de Lautaro Pilu, ocurrido el 1° de mayo de 2021. En esa ocasión a Pilu lo habían acusado de asaltar a un menor de 8 años perteneciente al círculo cercano de la familia Olea. A partir de ello, se produjo una circunstancia en la que Pilu escapó corriendo de República Árabe Siria al 1100 y fue alcanzado en Libertad y 212, donde recibió una puñalada mortal.
Por el asesinato, primero fue detenido Juan Brandon Le Parc, pero finalmente la Justicia se decantó hacia Ariel Torres Giovanni, “El Paraguayo”, quien en extrañas circunstancias clamó por su detención y se atribuyó el homicidio de Pilu. Incluso participó en marchas para que liberaran a Le Parc y lo detuvieran a él.
En tanto Sergio Chávez (36) murió el pasado 14 de diciembre cuando se encontraba en su celda de la cárcel de Batán. El primer informe es que se ahorcó, aunque días antes había sido golpeado por varios internos.
La detención de Chávez se había producido el 28 de noviembre, tras permanecer prófugo desde el 11 de ese mes cuando atacó y mató a tiros a Emanuel Paz (33) en la puerta de su casa del barrio Libertad.
El juicio abreviado no solo aplicó penas de prisión a los imputados, sino que en el caso de Castaño lo decretó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.